Las normativas colombianas de accesibilidad digital refuerzan el hecho de que ésta se ha convertido en un tema clave en el desarrollo de sociedades que están en vías de desarrollo.
En Colombia, la legislación que garantiza el acceso equitativo a la información pública ha ido evolucionando con el fin de promover la inclusión digital y asegurar que todos los ciudadanos, sin importar sus habilidades o condiciones, puedan acceder a los servicios e información proporcionados por el Estado.
Una de las normas más importantes en este aspecto es la Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, la cual establece que la información en poder de las entidades públicas debe estar disponible de manera accesible y comprensible para toda la población.
Y es que resulta sumamente importante que el acceso a la información pública no sea solo un derecho, sino una condición fundamental para la participación ciudadana en democracia.
Sin embargo, en Colombia, la falta de accesibilidad en muchos sitios web del Estado ha generado una forma de “info-exclusión”, donde un porcentaje significativo de la población, en especial aquellas personas con discapacidad o con limitaciones técnicas, no puede acceder a información esencial ni a servicios públicos en línea.
Existen reportes que muestran la realidad de las entidades públicas en Colombia, dejando en evidencia que éstas no cumplen plenamente con las normativas de accesibilidad digital, lo que constituye una violación a las leyes nacionales y una barrera para la inclusión.
Colombia ha adoptado como base las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG, por sus siglas en inglés), una serie de recomendaciones internacionales desarrolladas por el World Wide Web Consortium (W3C).
Estas pautas están diseñadas para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a los sitios web de manera efectiva.
La Resolución 1519 de 2020 emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) establece los estándares para la publicación de información en línea, basándose en la norma técnica NTC 5854 de 2011, que agrupa los requisitos de accesibilidad en tres niveles de conformidad (A, AA y AAA).
A pesar de estos esfuerzos, la implementación efectiva de estas normativas sigue siendo un desafío. La falta de actualización en relación con las recomendaciones más recientes, como las WCAG 2.2, pone en riesgo el cumplimiento de la accesibilidad digital en Colombia.
Esto no solo afecta a las personas con discapacidad físicas, sensoriales o cognitivas, sino también a aquellos que utilizan dispositivos móviles o que se enfrentan a dificultades técnicas con el software o el acceso a Internet.
El incumplimiento de las normativas de accesibilidad no sólo pone a las entidades públicas en riesgo de sanciones, sino que también limita la posibilidad de generar una cultura de inclusión dentro del entorno digital.
La accesibilidad digital debe verse como una oportunidad para crear una sociedad más justa e inclusiva tomando en cuenta que la accesibilidad es un reconocimiento de la diversidad humana.
Asimismo, las personas con discapacidad no deben verse como individuos con “limitaciones” inherentes, sino como ciudadanos que enfrentan barreras creadas por el entorno digital.
De esta forma, adoptar la accesibilidad digital implica cambiar la manera en que las instituciones piensan sobre el diseño de sus servicios en línea.
No se trata solo de cumplir con una normativa, sino de entender las diversas necesidades de los usuarios y ofrecer soluciones que les permitan acceder a la información y a los servicios estatales de manera equitativa.
La accesibilidad digital en Colombia es un derecho fundamental que no puede ser ignorado. Las leyes y normativas, como la Ley 1712 de 2014 y las WCAG, proporcionan un marco claro para garantizar que los sitios web del Estado sean accesibles para todos.
Sin embargo, la verdadera inclusión solo se logrará cuando las instituciones públicas adopten un enfoque proactivo y comprometido para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, es fundamental garantizar que todas las personas puedan acceder a la información y formar parte activa de la vida pública.
Implementar accesibilidad digital no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino de justicia social. Entendiendo esto, el Estado colombiano se viene esforzando por desarrollar una cultura digital inclusiva, donde la diversidad sea valorada y respetada, y donde todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al acceso a la información de manera plena y efectiva.
En este contexto de avance hacia la inclusión digital, inSuit ha emergido como un aliado clave en la accesibilidad web en Colombia. Desde su llegada al país, inSuit ha ofrecido su solución de accesibilidad digital para garantizar que las personas con diversas discapacidades puedan acceder y navegar por los sitios web de manera adaptada a sus necesidades y preferencias.
inSuit Tools® proporciona herramientas web que permiten una navegación personalizada, mientras que el servicio inSuit 360® asegura que los propietarios de sitios web cumplan con las normativas nacionales e internacionales de accesibilidad.
Al integrar soluciones como las ofrecidas por inSuit, las instituciones no solo cumplen con la ley, sino que también contribuyen activamente a una sociedad más equitativa e inclusiva.
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