La Directiva 2019/882, conocida como el Acta Europea de Accesibilidad, será de cumplimiento obligatorio a partir del 28 de junio de 2025, fecha en la que los productos y servicios incluidos en su ámbito deberán cumplir los requisitos de accesibilidad establecidos.
En España, esta directiva ha sido transpuesta mediante la Ley 11/2023, de 8 de mayo, la cual regula a nivel nacional los requisitos de accesibilidad en los ámbitos antes mencionados.
Lo que refuerza el compromiso de España ante la Unión Europea para aportar a una sociedad más inclusiva, promoviendo la autonomía y participación de las personas con discapacidad.
Desde su publicación el 7 de junio de 2019 en el Diario Oficial de la Unión Europea, los Estados miembros han trabajado en la adaptación de sus legislaciones nacionales, un proceso que debía completarse antes del 28 de junio de 2022.
Esto ha dado tiempo a las empresas para prepararse antes de la entrada en vigor de la normativa, que será aplicable a productos y servicios nuevos a mediados de este año 2025, y a aquellos ya introducidos en el mercado que no sufran ninguna alteración como fecha máxima el 28 de junio de 2030.
Entre los sectores clave que deberán cumplir estos requisitos se encuentran:
El Acta Europea de Accesibilidad o la Directiva 2019/882 se suma a la Directiva Europea 2016/2102, pero amplía su alcance al incluir una gama más amplia de productos y servicios del sector privado.
Mientras que la Directiva 2016/2102 está centrada principalmente en el sector público, la nueva normativa busca garantizar un acceso más universal, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de la Unión Europea.
Si deseas consultar los requisitos específicos que establece esta Directiva, te invitamos a revisar su Anexo I, donde encontrarás detalles exhaustivos.El futuro de la accesibilidad empieza ahora, y el 28 de junio de 2025 marcará un antes y un después en cómo concebimos productos y servicios accesibles para todos.
Básicamente, la diferencia radica en que la nueva Directiva 2019/882 va más allá del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad en los servicios como pueden ser: páginas web, aplicaciones móviles y documentos digitales.
Sino que también aborda el cumplimiento de accesibilidad en los productos del mercado, como: teléfonos móviles, tabletas, sistemas operativos, ordenadores, cajeros automáticos, terminales de pago, lectores de libros digitales, etc.
En cambio, la Directiva 2016/2102 únicamente se enfoca en la accesibilidad de los distintos portales web y aplicaciones móviles de la administración pública, tal y como lo evidencia el Real Decreto 1112/2018.
Con la Directiva 2019/882 se podrá impactar desde cualquier empresa que comercialice productos y servicios dentro de la Unión Europea, con la excepción de las microempresas.
La normativa reconoce que algunas microempresas podrían experimentar una carga desproporcionada para cumplir estos requisitos. Por ello, estas empresas podrían estar exentas, de forma similar a lo dispuesto en el Real Decreto 1112/2018.
Tomando en cuenta, que las microempresas serán todas aquellas que cuenten con menos de 10 personas en su nómina y que su balance no supere los 2 millones de euros anuales.
Lo primero que debes saber, es que esta directiva no se aplica directamente desde la Unión Europea hacia los Estados miembros.
La misma, estableció un plazo máximo para que los países que conforman a la comunidad, pudieran transponerla a su legislación nacional, tal y como sucedió en España con la Ley 11/2023, de 8 de mayo; o en Italia y Francia con el Decreto Legislativo 82/2022 y la Loi 2023-171 respectivamente.
Este tipo de transposiciones son las que imponen las obligaciones pertinentes a los organismos designados por cada país miembro para la monitorización y aplicación de la ley, confiriendo así los derechos fundamentales a los usuarios.
Al igual que se hizo con la Directiva 2016/2102, la cual fue transpuesta a la legislación española a través del Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
Es importante tomar muy en cuenta los plazos que establece la Directiva 2019/882, ya que ésta busca priorizar el cumplimiento óptimo de la normativa que garantiza el derecho a la accesibilidad a nivel comunitario y español.
Para ello queremos hacer hincapié en la siguiente información:
Como ya lo hemos comentado, la Directiva 2019/882 ha sido transpuesta en España a través de la Ley 11/2023, de 8 de mayo y publicada en el BOE antes del 28 de junio de 2022, cumpliendo así con la exigencia establecida.
El 5 de abril de 2022 el Gobierno inició de manera oficial la adaptación de la Ley Europea de Accesibilidad al ordenamiento jurídico nacional.
Acción que había demandado el CERMI días atrás, quien había solicitado al Gobierno la transposición inmediata de la Directiva 2019/882 o Acta Europea de Accesibilidad a productos y servicios en el estado español.
Hecho fundamental para seguir aportando al proceso de inclusión social desde la promoción del derecho fundamental a la accesibilidad universal a nivel tecnológico y digital.
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