La accesibilidad web en empresas privadas es tan importante y necesaria como la que se exige al sector público.
En la actualidad, estar en internet se ha convertido básicamente en una necesidad tanto para usuarios como para los dueños o responsables de las páginas web.
Por esta razón, es muy importante contar con buenas prácticas de accesibilidad que permitan un mayor alcance a la hora de alojar contenido en la red.
Mientras seamos capaces de ofrecer un portal y contenido accesible, podremos llegar a un mayor número de personas.
Lo que sin duda se traducirá en mayor productividad desde la inclusión, un hecho que nos beneficia a todos independientemente de la condición.
Mucho se ha informado sobre las obligaciones que tiene la administración pública en cuanto a accesibilidad web.
Pero, ¿qué sabemos sobre la obligación del cumplimiento de la normativa de accesibilidad web en empresas privadas?
Desde el año 1978, la Constitución Española y otras leyes, han venido impulsando normativas que promueven la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
La no discriminación, la igualdad de oportunidades y el derecho a la accesibilidad universal, han sido pieza fundamental a la hora de promover un acceso sin barreras a las nuevas tecnologías, información, servicios y productos que existen en la web.
Con el pasar de los años, y con la aprobación de varios decretos y leyes, se ha venido avanzando en la misión que busca poder contar con un internet libre de barreras y para todos.
Pero no fue sino hasta diciembre 2007, con la Ley 56/2007, que establece una exigencia obligatoria en España y que indica que los sitios web de algunas empresas privadas deben ser accesibles.
Apuntando a empresas privadas o entidades que gestionan servicios públicos, así como aquellas empresas que reciben financiación pública, y aquellas que cuentan con una trascendencia económica importante.
Teniendo que cumplir con una serie de condiciones que permita satisfacer un nivel de accesibilidad AA (W3C) en sus páginas web.
Apoyadas por un reglamento que impone multas por el incumplimiento desde 301 euros, hasta 1.000.000 de euros, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.
Incluyendo, además, la posibilidad de no poder optar por ayudas oficiales como subvenciones por un período entre uno o dos años, según la gravedad de la infracción.
Y si la infracción es muy grave, puede suponer la supresión o suspensión total o parcial de las ayudas oficiales.
Cabe destacar que, dentro de estas exigencias, existe una excepción que aplica cuando la funcionalidad o servicio no dispone de una solución tecnológica que permita la accesibilidad.
Es importante conocer en detalle, cuáles son las situaciones que indican que una empresa privada deba cumplir obligatoriamente con una solución de accesibilidad web para sus usuarios.
Por lo que, si una empresa cuenta con alguna de las siguientes características deberá apegarse a la normativa lo más pronto posible.
Ahora bien, es importante conocer que todas estas exigencias también dejan una cantidad de beneficios importantes para las empresas que lo aplican.
Para ello, te dejamos a continuación una lista que enumera los beneficios que las empresas privadas pueden obtener como resultado de una buena práctica de accesibilidad web:
Como puedes observar, con la accesibilidad web ganamos todos.
Así que, si forma parte de las empresas privadas que deben apegarse a la normativa de accesibilidad y/ o quieres disfrutar de sus beneficios y aún no lo has hecho, ¡contáctanos!
Con gusto pondremos a tu disposición una solución fácil y sencilla, que se ajustará a tus objetivos y necesidades.
